2.3.18

El IPC en la Transición. Los Pactos de la Moncloa

Uno de los problemas más importantes que tuvo que pelear la Transición Española fue su realidad económica, productiva y laboral. Obsoleta y totalmente alejada de la competitividad. Y uno de sus síntomas fue el desbocado IPC anual que castigaba brutalmente a los trabajadores y clases medias.

El índice de Precios al Consumo empezó a descontrolarse antes de la muerte del Dictador. Desde 1970 sus números eran brutales, sobre todo desde el punto de vista actual, desde la implantación del euro.

La muestra de nuestras malas políticas económicas es precisamente este índice que parecía moverse a su antojo. Mientras en 1968 y 1969 se movía sobre un 3% en el año 1973 ascendió a un 14,2%. El año de la muerte de Franco era de un 14,1% pero el anterior fue de un 17,88%.

Aunque la cifra que levantó todas las alarmas se dió en el año 1977 con un 26,39% (hubo meses de más de un 3% mensual). Entre 1975 hasta 1979 (5 años) el IPC tuvo un acumulado de un 92,39%. Esto suponía que la compra más básica de una familia se había doblado y no siempre los sueldos lo conseguían, aún con enormes costos en conflictividad laboral a través de convenios de empresa o gremiales, muy costosos en esfuerzos para compensar estos desvaríos económicos.

Si a principios de 1975 un producto medio te costaba 1.000 pesetas, a finales de 1979 su precio era de 2.327 pesetas por el IPC acumulado año tras año. La Transición Política tenía que trabajar muy duro hacia una Transición Económica que fuera de la mano de la anterior, o todo se iría al traste, pues el descontento social era muy alto. En grandes capas de la sociedad existía la sensación de que la Democracia era incapaz de resolver este problema o incluso de que lo estaba creando.

A finales de 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa, inevitables, pero a la vez muy duros con los trabajadores de España, dando más poder al Banco de España para devaluar la peseta y controlar la salida de capitales, se implantó un nuevo modelo de despido libre y se intentó controlar el fraude fiscal. Para compensar la dureza de algunos apartados se realizaron también reformas políticas de calado, como más libertad de expresión, de asociación sindical a la vez que se desmontó todo el apartado del Movimiento Nacional Franquista que quedaba en pie en la estructura del Estado.

Los pensionistas no somos tontos, somos mayores, que es distinto


Tal vez están pensando que los pensionistas somos tontos y nos quieren cambiar unas subidas de sentido común en nuestras pensiones con arreglo al IPC y no a ese ridículo 0,25%, por una rebaja en el Impuesto de Rendimiento de Personas Físicas IRPF. Pero cada vez somos menos tontos, aunque seamos mayores.

El 63% de los pensionistas, los que cobran una pensión más baja, ESTÁN EXENTOS DE PAGAR EL IRPF por cobrar pensiones inferiores a los 12.000 euros brutos anuales. Es decir, para ellos, para los que menos cobran no hay ayudas del Gobierno aunque bajen los impuestos sobre la pensión. Un 63% que sería superior si le añadimos exenciones por enfermedad o por edad muy avanzada.

Quieren ayudar a los pensionistas que más cobran a costa de rebajar las pensiones a todos. Y que además parezca que están ayudando a los pensionistas.

Siempre con posverdades, es decir, con engaños y mentiras. Ayudar en los IRPF a los pensionistas que más cobran, es ayudar también a pagar menos por los ingresos que reciben desde otros lugares distintos a la pensión, por ejemplo por alquileres o rentas de capital. Ayudar también a esa parte de sus ingresos, a costa de los pensionistas que menos cobran. Es decir, reformas nada progresistas, nada racionales y progresivas, pues el problema son las bajas pensiones y los efectos de la crisis y la bajada de sueldos, que ha logrado que los ingresos para la Seguridad Social sean menores.