Sabemos que son pandilleros, delincuentes organizados para crear terror y apoderarse de las calles de El Salvador, pero los gobiernos deben saber tener justicia incluso ética y no jugar a meter miedo a los presuntos delincuentes a los que se detiene y tortura según dicen desde el Salvador, sin abogados y sin leyes de protección del Estado a las personas que molestan.
Estar un año sin ver la luz del día es tortura y que al final salgas a la calle libre por no tener pruebas en tu contra es un detalle de la brutalidad del Estado —sea el que sea el responsable— contra las personas sospechosas pero sin derechos humanos.
Algunos torpes sociales creerán que estas formas son las que realmente acaban con las pandillas, y es posible entenderlos, pero el precio es brutal, inhumano y nada cristiano en un país que presume de serlo.
¿No tendrá el hambre y la pobreza un componente fundamental en este tipo de problemas?
Matando o encarcelando a los que se quejan de una manera o de otra, con violencia o molestando al poder, no es la solución más inteligente, de cara al futuro de cualquier sociedad.
Dicen que en El Salvador hay en estos momentos unos 65.000 detenidos por pertenencia a bandas armadas organizadas, a pandillas y maras juveniles. ¿No es una barbaridad para un país de poco más de seis millones de habitantes?
