Lo sucedido ayer en el Tribunal Constitucional es un punto de no retorno en las relaciones entre poderes en la España democrática, y tan grave, que todos los poderes implicados se apresuran a explicar sus posturas y opiniones, claramente contrarias entre ellas, sabiendo que en el fondo hay mucha más modificación legislativa y moral de la que se aparenta y se intenta explicar.
En realidad ese mismo Tribunal Constitucional, ya caducado, ha tomado la decisión de suspender la aprobación de una Ley sobre su propia renovación, que se había aprobado en el Congreso de los Diputados por Mayoría Absoluta de todos los Diputados, elegidos por todos los españoles. Y por ello con la representatividad máxima de una democracia. Y ha impedido que siga su trámite con la ratificación en el Senado de esta Ley, Senado por cierto, que también representa de forma directa la elección democrática de todos los españoles.
Nunca con la actual Constitución se había producido esto, y remontarnos a situaciones parecidas solicitadas por el PSC al TC con la desconexión de Cataluña, es querer engañarnos mezclando churras con merinas. No es lo mismo y lo saben los que lo desean utilizar como ejemplo.
Pero no es una decisión del Tribunal Constitucional, sino es la respuesta de este Tribunal a un asunto planteado desde el Partido Popular.
No debemos olvidarnos que los tribunales solo actúan si hay una denuncia o demanda de actuación. Y en este caso son los propios poderes políticos conservadores del Congreso, en minoría, lo que habiendo perdidos sus votaciones del Congreso y previsiblemente del Senado, acuden a pedir amparo al Tribunal Constitucional.
Si en el Senado hubieran tenido mayoría, no hubieran acudido a ningún Tribunal.
Es pues utilizar a un Tribunal Constitucional para modificar la decisión del Congreso de los Diputados, simplemente por no tener mayoría suficiente para hacerlo a través de las Cámaras de Representantes elegidos por todos los españoles.
Ponerle adjetivos a estas decisiones y a este uso de los diversos tribunales, para saltarse lo que no se logra en las urnas ante todos los españoles, es cuando menos curioso.
Si el Gobierno o el Congreso se hubiera saltado las Leyes en las tramitaciones de estas modificaciones para renovar el Tribunal Constitucional, lo lógico sería llevarlo a otro tipo de tribunales. Pero no se trataba de dictaminar con la Ley si se han cometido irregularidades, sino de paralizar la aprobación de una Ley.
A partir de este momento se abre un escenario muy complejo, peligroso pues esto que se inicia en el 2022 tendrá continuación —si quieren otros partidos políticos durante muchos años posteriores— hasta que se modifique la Constitución para impedir este uso o para que los miembros del TC sean elegidos por las urnas, por todos los españoles, algo ilógico pero que se puede plantear.
En ningún momento se trata de saber quien manda o gobierna más, que también, sino qué capacidad tiene cada parte de incidir en las decisiones de los otros. Y qué parte de cada uno de esos "otros" es elegida directamente por los españoles en las urnas y quien son representantes de poderes anclados y complejos.
¿Quien manda sobre quien manda?
Yo sí creo que el Tribunal Constitucional tiene un papel imprescindible en una democracia, en hacer guardar las normas de la propia Constitución que lo crea y ampara. Faltaría más.
Pero el uso que se hacen de las leyes, sus interpretaciones, son asunto de abogados y jueces, que en muchos casos pueden elegir entre opciones. Claramente en muchos casos sucede, por ejemplo en este, cuando 5 jueces votan una cosa y 6 jueces la otra. Hay pues dos maneras de interpretar la Ley que ampara a los unos y a los otros.
¿Qué sucederá a partir de ahora?
Pues hay silencios que rebelan preocupación y dudas. Es un terreno muy resbaladizo en el que algunos actores han llegado al máximo de barro necesario para resbalar todos. Lo normal sería pensar que vamos a ir de mal en peor, excepto que haya sentido común a camiones, algo que parece imposible.
Habrá que medir muy bien que le pide el corazón, las tripas y la cabeza al Presidente del Gobierno.
Julio Puente
