CIU presionó al PP de Aznar en el año 1996 para suprimir su obligación e ir a un modelo de ejército profesional. Así se firmó en el acuerdo de gobierno, con la salvedad de que se haría siempre que la situación lo permitiera, pero la realidad de ese periodo de transición hizo inevitable el cambio, pues cada vez eran más los que se negaban a acudir a ese periodo de entre 12 y 18 meses según los últimos años del servicio, en donde se entraba con 21 años y sin una carrera laboral clara, y se salía con la necesidad de buscar con urgencia un futuro laboral más estable, algo complicado aunque las leyes obligaban a la empresa a que se reservara el puesto de trabajo e incluso a que se pagaran la pagas extra de Navidad y de Julio.
Desde la llegada de la democracia se dió el fenómeno de la objeción de conciencia, con arrestos y serios problemas legales en los primeros años de intentos. A principios de los años 80 se logra que el servicio militar se pueda cambiar por trabajos sociales, aunque surgen enseguida el movimiento de los insumisos que se niegan también a esta sustitución, alegando que no se puede cortar la vida de los jóvenes dejando fuera su futuro laboral o de estudios.
Las personas casadas y/o con hijos o los estudiantes de Universidad gozaban de algunos privilegios, pero no de la exención del servicio. Podían elegir destino, o momento de incorporación.
Curiosamente en estos dos últimos años están surgiendo voces en España pero también en otros países de Europa, para volver a implantar el servicio militar en ambos sexos, con otra duración y contenido, pero parece una medida compleja de adoptar, excepto que fuera por toda la Europa Común a la vez.
