La diferencia entre legal y ético es poca o mucha, según de quien se trate. El señor diputado del PP Martínez Pujalte lo ha dicho muy claro. Cobrar 5.000 euros al mes de un constructor es legal. Lo es si se pide permiso al Congreso y si se declaran los ingresos a nuestra Hacienda.
Pero con sinceridad, ser un diputado muy importante y asesorar a un constructor no parece ético, aunque se sonría.
Es un constructor privado, que se dedica a trabajos privados, pero esa mezcla no es nada buena y nos podemos ir hacia ella cada vez más si a los políticos y diputados los dejamos con sueldos bajitos. Y no es ético simplemente porque sus conocimientos y relaciones son por su cargo público. Son muchos años cobrando de político como para que no pensemos que la mayoría de sus conocimientos actualizados los tiene por su dedicación a la política representativa. Que luego los ponga al servicio de una empresa constructora privada será legal, pero no parece ético, aunque se pague IRPF.
