La reforma del capitalismo debe pasar (egoístamente incluso para su necesidad rentable) por restar poder al capital y entregárselo al trabajo. En un futuro será más complejo encontrar y hacer rentable el poder de la innovación y el trabajo que el capital, que en profundo proceso de transformación puede perder capacidad de control en el primer mundo occidental, a poco que el trabajo sepa defenderse. ¿En cuantas empresas el capital inicial de un inversor podría ponerse sin problemas por la suma de todos los trabajadores, en porcentaje asimétrico si así hiciera falta para hacerlo viable?
Es increíble que grandes empresas se cierren o realicen grandes ERE en contra del poder del trabajo, sin que este pueda defender la rentabilidad del proyecto. Se deberían cambiar las leyes para hacer fácil la conversión en Cooperativas Laborales aquellas empresas que por deslocalización o mala gestión tienen que verse hundidas hacia el fracaso, cerradas o convertidas en testimoniales cuando la fuerza del trabajo sigue intacta y con capacidad de reconvertir y gestionar.
Si las empresas tuvieran imposible por ley el cerrar y desaparecer, excepto manifiesta inviabilidad económica, mucho capital se lo pensaría antes de retirarse y verse obligados a vender o transferir por las deudas, pues saben que se encontrarían con empresas de la competencias, con un fondo de comercio importante que les harían la competencia en sus nuevos proyectos en otros países o con mano de obra más barata.
Las empresas deberían estar por encima del dueño del capital, como elementos de bien común para los países, como elementos de bien social pues crean trabajo y por ello mueven las economías por encima de su propia producción y venta. Las empresas no deben pertenecer SOLO al propietario del capital inicial, que sin duda debe poder repartirse la rentabilidad de su inversión, sino también como cualquier edificio urbano de valor, a la sociedad que la sustenta. Y antes de tener que cerrar por la decisión del propietario, como cualquier enfermo, debe intentar ser puesto en vida por cualquiera de las partes que también intervienen en el funcionamiento de cada empresa. Incluida la administración pública si el sector fuera considerado importante además de los actuales casos estratégicos, ya contemplados por ley.
