Desde Madrid, el PP está empeñado en mover el Estado Autonómico que nos habíamos dado en España, para descafeinarlo y controlar todo lo que suene a competencias políticas. El Consejo de Ministros ha derogado la anterior normativa en materia de agua y ha aprobado un Real Decreto Ley que establece que será el Estado el que asuma "directamente" las competencias de policía hidráulica en las cuencas hidrográficas intercomunitarias con el objetivo de conseguir una gestión "mucho más eficiente en materia de agua". ¿Cómo afecta esto a futuros trasvases de agua? Sin duda parece una decisión encaminada a recentralizar el Estado en España, con una primera medida a modo de “globo sonda” para ver hasta donde se van a mover el resto de fuerzas políticas en el Estado. Va en contra de varios Estatutos de Autonomía, incluido el de Aragón, permite contenciosos de diversa índole y asegura una manera de gestionar y decidir, cuando menos peligrosa cuando los problemas reales de España son muy diferentes. No es verdad que este tipo de medidas supongan ahorro alguno ni mejor gestión, sino al contrario, conflictos y complicaciones varias, que se irán viendo según trascurran los meses. ¿Por qué lo hacen?, pues simplemente por ser su manera de entender la gestión pública, en contra de lo ya establecido. No es podría esperar menos y sin duda los temores son esperar más contundencia. Dejo ahora algunas declaraciones del Gobierno sobre este tema.
Según ha informado la vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es el Estado "para evitar duplicidades y solapamientos", el que asume las competencias también en el procedimiento sancionador, ya que, según ha insistido esta ha sido "siempre" una competencia del Estado. Concretamente, ha precisado que se deroga la normativa anterior en materia de agua y se establece que será el Estado el encargado de asumir "íntegramente" la gestión y las competencias de policía hidráulico en las confederaciones hidrográficas de las cuencas hidrográficas intercomunitarias. En este sentido, ha recordado que el pasado mes de marzo, el Tribunal Constitucional "dejó sentado" el principio de unidad de cuenca, especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas comunidades autónomas. A raíz de esta sentencia, ha dicho que el Gobierno anterior aprobó un Real Decreto Ley que permitía a las comunidades autónomas asumir las competencias de gestión del dominio público hidráulico en aquellas cuencas intercomunitarias, lo que significaba que cada comunidad autónoma asumía competencias de policía hidráulica, fundamentalmente sancionadoras, en la parte de la cuenca que correspondía a su territorio. Sin embargo, Sáez de Santamaría ha subrayado que para el Ejecutivo "es más necesario que nunca" que en el ámbito de organización territorial del Estado se proceda a una "clara delimitación de competencias" entre las distintas administraciones a fin de ser eficientes y, en la medida de lo posible, garantizar la unidad de mercado, evitar los solapamientos y duplicidades y una "mayor eficiencia y eficacia" en beneficio de los ciudadanos. Así, ha añadido que el Real Decreto tiene "mucho que ver" con la necesidad de lograr una gestión "más eficiente" de las aguas y evitar procedimientos sancionadores en el ámbito medioambiental con duplicidades y para evitar la ruptura de la unidad de mercado que va en perjuicio de los ciudadanos y de la calidad del medio ambiente. "De acuerdo con el principio de unidad de cuenca establecido por la Constitución, entendemos que debe ser el Estado para evitar duplicidades, solapamientos, actuaciones contradictoras o diferentes en algo como el procedimiento sancionador del mal uso del agua quien asuma íntegramente esa gestión de policía en las confederaciones hidrográficas", ha sentenciado.
