Indicábamos ayer en esta entrada de qué manera nos afectaría en España la supresión de provincias y municipios independientes, en caso de tomar una medida similar a la decretada en Italia y que con anterioridad ya se tomó en Alemania.
En algunos casos la medida es muy compleja o casi imposible de tomar sin presiones pero no cabe duda de que puede ser positivo caminar por esta senda y de que no abrían excepciones para evitar discriminaciones en razón al peso político.
Me parece más sencillo de tomar la supresión de ayuntamientos pequeños, pues la supresión de provincias de gran tamaño aunque con poca población, me parece realmente con poco sentido, pues sus grandes distancias obliga a que tengan que disponer de un sistema de gobierno provincial propio para resolver sus propios problemas, que quedarían muy alejados en caso de agruparse el gobierno provincial. Si nos fijamos en Aragón, es imposible pensar que quien tenga que resolver las relaciones y problemas locales de Hecho (Huesca) sea el mismo que tenga que resolver los de Albarracín (Teruel) con una distancia de 350 km., una vez que quedaran las tres provincias en una sola por criterios de población.
Aquí si que entra de lleno una medida más lógica, que es la posible supresión de las Diputaciones Provinciales para todas las provincias, que no la supresión selectiva de algunas de ellas como entes jurídicos y políticos. Las Diputaciones Provinciales a veces duplican sus gestiones en competencia directa con Ayuntamientos, Gobiernos autonómicos o incluso en algunas medidas con Gobierno Estatal.
Y sin duda la medida sencilla aunque no exenta de presiones es la de suprimir Ayuntamientos pequeños. No tiene sentido práctico y menos económicos mantener municipios con 5, 20 ó 50 vecinos, aun sabiendo que de tomarse esta medida se aceleraría la despoblación de muchos municipios pequeños que ya ahora están sobreviviendo con personas mayores y con servicios muy escasos.
Son tiempos de recortes, de ajustes para seleccionar, de pragmatismo y a veces de grandes dudas. Pero toca modificar los gobiernos para hacerlos más útiles y menos costosos, pues en ello puede ir la supervivencia de otros servicios públicos.
