Los disturbios de Londres nos enseñan algunos puntos importantes que debemos tener en cuenta, por todos los que nos debemos en algo a la labor pública.
Al igual que en 2005 en París, todo comienza por un detalle más de abuso de poder con resultado de muerte o heridos graves, por errores de policías que no se comportan con inteligencia social. Tras un acto desproporcionado surge una violencia indiscriminatoria en barrios más o menos conflictivos que de forma brutal intentan vengarse de “todo” pues para ellos ese todo representa al sistema al que odian, pero contra el que saltan tras un conflicto que representa la clásica gota de agua que colma el vaso.
Una vez la violencia indiscriminada invade las calles, una vez que las calles son tomadas por la sociedad violenta, es muy complicado volver a una situación anterior y pasan varios días hasta que la normalidad vuelve. Lo cierto es que los desórdenes duran mucho más que el error inicial y los destrozos son brutales, los saqueos imbéciles son deplorables y la constante de una juventud cabreada hasta la violencia, preocupante cuando menos.
De cada proceso de violencia extrema los grupos violentos aprenden a defenderse y actuar. Es este el dato más preocupante y que debería servir de acicate para evitarlos por todos los medios. Aprenden a organizarse mejor, a convocar con más seguridad, a actuar con mayores medios violentos y a intentar salir indemnes de sus disturbios brutales. Conocen a la policía y sus formas y utilizan estos actos como “escuela” de violencia extrema.
Como el dato —de los más alarmantes— sobre la edad de los implicados es preocupante, pues la inmensa mayoría de ellos son menores de edad (en Gran Bretaña es a los 21 años); deben ser también las familias las que como responsables de sus hijos sepan educar en el respeto y en la discriminación de sus responsabilidades. Y mucho cuidado con caer en la trampa social de convertir en delincuentes a todos los jóvenes implicados, pues si bien es lo lógico con sus actos ilegales, los resultados a medio plazo pueden ser peores que otro tipo de actuaciones judiciales, posiblemente declarando a las familias, responsables económicas subsidiarias de los actos ilegales de gran costo social y económico.
