No sirve que la justicia haya detectado estos entramados, pues lo que hay que evitar es que crezcan con los años, hasta convertirse en una práctica que a veces se detecta y a veces no, con unos cambios de dinero entre empresas que ronda ya los 30 millones de euros.
No todo lo que se hace en las empresas, entre las empresas, por la empresas, es legal. Y de ello deben saber mucho los jóvenes de la Guardia Civil que se preparan constantemente para descubrir delitos cada vez más pulidos, más inteligentemente tramados en laboratorios contables, para desviar fondos, pagar menos impuestos, traspapelar billetes. La informática está logrando que se pueda esconder con facilidad lo que antes tenía por obligación que estar en cajas físicas, es decir los billetes de papel, que ahora simplemente son números.
La SGAE produce curiosamente unas reacciones extrañas. La sociedad la odia. Y los posibles damnificados por el presunto robo la defienden a capa y espada. Es curioso ver a Víctor Manuel justificar las actuaciones presuntas, sin tan siquiera haber conocido del todo las explicaciones del juez instructor. Claro, son todos amigos y eso deja poso.
Pero sin duda el paso siguiente, el que no se dará, es saber si detrás de todo este entramado ha existido una inoperancia pública en su control, una justificación de que como eran amigos, era imposible. Las autoridades y no las policías son las que están para determinar si algunos asuntos deben estar más o menos controlados. Aumentar los beneficios de un año para otro en las cantidades en que lo ha hecho la SGAE debería haber dado pistas de que algo se estaba haciendo excesivamente bien.
Y saber que tras un gran aumento de beneficios en una empresa viene una gran cantidad a pagar en forma de impuestos y por ello, unas ganas tremendas de intentar pagar mucho menos. Mientras quien mande no deje de ser amigo de sus amigos, no logrará tener la credibilidad necesaria.
