No todos los ciudadanos de este santo país saben que existen las Diputaciones Provinciales. Incluso me atrevería a decir que muy pocos sabemos para qué sirven las Diputaciones Provinciales, de quien dependen, cómo se controlan, en donde están, quien se esconde dentro de ellas.
Suelen ser grandes cementerios de políticos venidos a menos por enfermedades de familias políticas, escondites de lujo para medianías o lugares para medrar y apañarse con las comarcas o zonas rurales. Es decir, mal sobre mal. Como en todo hay excelentes ejemplos que funcionana bien, aunque creo que no son la mayoría.
Las Diputaciones Provinciales nos cuestan un riñón a todos. Y ahora en que incluso se habla del elevado coste del estado de las autonomías puede ser un buen momento para preguntarse y responderse para qué valen las Diputaciones Provinciales.
Dependen del Gobierno Central pero muchas de sus actividades podrían realizarse desde los Gobiernos autonómicos, solapándose incluso gran parte de sus actividades territoriales en algunas autonomías. Disponen de un gran número de funcionarios repartidos por todo el territorio, que curiosamente trabajan para asuntos muy locales, de comarcas, provinciales, pero que en cambio no son regidos y escapan a su optimización desde los propios Gobiernos más cercanos, sean autonómicos o municipales.
Tienen un gran poder político que defienden con fuerza por su asentamiento territorial en zonas rurales y por ser el últimos reducto para políticos poco conocidos pero con gran capacidad de medrar.
¿Es lógico no controlar más de cerca las Diputaciones Provinciales e incluso preguntarnos si realmente tiene sentido o si sería más lógico que dependieran diluidas de sus respectivos gobiernos autonómicos? Su función es necesaria, pero tal vez no duplicada, no con interferencias, no sin el lógico control de los gobiernos más cercanos a los ciudadanos de cada territorio, sean ayuntamientos o sean Gobiernos autonómicos?
