De los 23 millones de españoles que están en edad de trabajar; lo desean y pueden por motivos de salud, unos 18,4 millones que si están trabajando y unos 4,6 millones que en enero de 2010 están en el paro.
Tenemos unos 3,1 millones de funcionarios públicos: el 56% pertenece a la administración autonómica; el 18%, a la central; y un 26% a los ayuntamientos.
El coste total de las nóminas públicas, que sale de los impuestos de todos los contribuyentes, superará este año los 110.000 millones de euros, lo que equivale al 10,2% del PIB en un año positivo. Cada ciudadano en España tiene que aportar de media y como impuestos unos 2.450 euros al año para mantener las nóminas de los trabajadores públicos. Nunca confundir funcionarios con personas que están detrás de una ventanilla. Aproximadamente un 28% del total de funcionarios en España son trabajadores funcionariales puros. El resto, un 72%, son médicos, maestros, policías, militares, correos, etc.
Un mapa del número de funcionarios en España indica indirectamente la riqueza de las comunidades autónomas. En Extremadura tienen el 23.3% de funcionarios sobre su población ocupada, seguida de Castilla León, Castilla la Mancha y Andalucía con un 16.6, 15.7 y 15.6 por ciento respectivamente. Cataluña es la comunidad con menos funcionarios, un 8.3%. Valencia es la segunda con un 10.3%, a continuación siguen las tres provincias vascas, La Rioja, Murcia, Galicia y Madrid.
En España (2008) el porcentaje de personas adultas que son empresarios y autónomos es mayor (10,64%) que el promedio de la UE-15 (9,78%), mientras que el porcentaje de personas adultas que trabajan para el sector público es del 13% (los 3 millones de funcionarios sobre los 23 millones totales de población activa, aunque a veces se diga que en España hay un 20% de funcionarios, aunque en la actualidad y sobre las personas que si trabajan en enero de 2010, los funcionarios representan un 16%), uno de los más bajos de la UE-15 (cuyo promedio es el 16%). En los países escandinavos es el 26% para Dinamarca, el 22% para Suecia y el 19% para Finlandia, estando éstos entre los países cuya economía es más eficiente y emprendedora en la OCDE, tal como señala el último informe sobre competitividad y eficiencia económica de la OCDE, publicado por el prestigioso Economic Policy Institute, de Washington.
El fraude fiscal que, según los propios técnicos haciendistas de la Agencia Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda del gobierno español, alcanza la cifra de 88.617 millones de euros, fraude realizado a la Agencia Tributaria del Estado español (58.676 millones) y a la Seguridad Social (29.941 millones). La mayoría de este fraude procede del mundo empresarial y financiero: según las declaraciones de renta, los empresarios en España ingresan unos 6.000 euros menos que los asalariados. Ningún otro país de la UE se encuentra en esta situación. Por cierto, el Estado español es el que se gasta menos de la UE-15, 0,06% del PIB, en recoger impuestos (tax collection), cinco veces menos que Suecia (0,32%).
