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El más conocido magistrado de instrucción de España, Baltasar Garzón, está siendo procesado en un asunto impulsado políticamente, para ser retirado de la corte de justicia.
El juez Garzón es acusado de ignorar una ley de amnistía de 1977 cuando se decidió a investigar las desapariciones de más de 100.000 personas durante la guerra civil de España y la década de represión franquista que siguió. Los cargos fueron presentados por dos grupos de extrema derecha, que temen una investigación abierta del registro del franquismo. Por desgracia, uno de los compañeros magistrados del Sr. Garzón sostuvo la denuncia y presentó cargos formales esta semana.
Como resultado, ahora será suspendido de sus funciones en espera de juicio. Si es declarado culpable, podría ser excluido de la justicia por 20 años, poniendo fin a una carrera dedicada a la detención de terroristas por sus crímenes. Eso sería complacer a sus enemigos políticos, pero sería una parodia de la justicia.
Los crímenes reales en este caso son las desapariciones, no la investigación del Sr. Garzón. Si, como parece probable, se trataba de crímenes contra la humanidad bajo el derecho internacional, de lay de amnistía del año 1977 no podía legalmente dispensar la actuación. Los presuntos autores están muertos, y el Sr. Garzón hace mucho tiempo que detuvo su investigación, pasando a la jurisdicción local de los tribunales españoles en las zonas donde las víctimas fueron asesinados y enterrados.
El Sr. Garzón es un juez valiente y polémico que ha hecho muchos enemigos con los años. Él ha llevado casos contra terroristas vascos y de Al Qaeda, e investigaciones de gran alcance contra algunos políticos españoles, y contra los dictadores de América Latina y lo matones de la mafia rusa.
Son conocidos sus casos de alto perfil, como el intento de probar el ex dictador chileno Augusto Pinochet. Pero su firme objetivo ha sido negar la impunidad a los poderosos y ampliar el ámbito de aplicación de normas internacionales de derechos humanos.
Al Sr. Garzón se le debe permitir reanudar estas labores a la mayor brevedad posible. España necesita una investigación honesta de su problemático pasado y no el enjuiciamiento de quienes tienen el valor de trabajar por esta investigación.
