Si los expertos de los años 90 hubieran tenido razón, estaríamos justo ahora en pleno crash del sistema público de pensiones. La deuda acumulada supondría nada menos que el 10,74% del Producto Interior Bruto y el déficit generado sólo en el último ejercicio equivaldría al menos al 1% del PIB. O más.
Aquellos expertos que anunciaron el CRASH del sistema público de pensionas para 2010, desde sus tribunas de los años 90, fallaron. Pero ninguna fue capaz de avisarnos de esta actual crisis, de la que SI nos ha invadido a todos.
El sistema ha sobrevivido a los expertos y catedráticos que a mediados de la década de 1990 lanzaron tan negros presagios. Pese a ser España uno de los países que más sufre la crisis, la Seguridad Social cerró el ejercicio de 2009 con un superávit de 8.500 millones. Y su Fondo de Reserva suma ya 62.000 millones, el 6% del PIB. El sistema quizá necesite ajustes, pero su situación está muy lejos de ser terminal, tal y como aquellos estudios mal hechos anunciaban.
¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que tantos y tan distinguidos catedráticos y servicios de estudios tan prestigiosos como el de La Caixa y el del entonces BBV se equivocaran tanto? "Ahora ya no hay duda de que aquellos informes estaban mal hechos, se basaban en modelos muy arbitrarios", opina Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco (UPV), uno de los mayores expertos en pensiones, que no se apuntó a las predicciones apocalípticas.
Yo no sé si estaban mal hechos por error o con intenciones claras de que nos fuéramos pasando a sistemas privados de pensiones, controladas por los grandes bancos. ¿Puede estar sucediendo ahora lo mismo, y ser este Gobierno socialista el tonto que cae en la trampa?
A partir de 1994, hubo un auténtico aluvión de estudios aparentemente muy serios y firmados por expertos de solvencia probada que sostenían que el sistema era insostenible a muy corto plazo. Casi todos coincidían en que los números rojos iban a aparecer en 1995 y que a partir de entonces la pendiente sería cada vez más pronunciada. La conclusión recurrente era que, en consecuencia, había que pasar con urgencia de un sistema de reparto a otro de capitalización, privado.
Las entidades financieras fueron las mayores emisoras de informes de este tipo, que tuvieron un gran eco en los medios de comunicación. Pero la entidad más activa fue probablemente el Círculo de Empresarios de Madrid, que en 1996 encargó un informe a José Piñera, el ministro de Augusto Pinochet artífice de la privatización del sistema de pensiones en Chile, en la década de 1980.
