
Y todos intuyen que tras las decisiones urgentes de traslado de los cadáveres se esconde una orden dictada “por alguien” para que en 24 horas estuvieran los cuerpos en España porque había que celebrar el funeral de estado, por que una familia muy importante no podía celebrarlo dos días después.
Ese “alguien que dicta” no debe seguir ocupando cargo político alguno. El partido que le sustenta debe exigirle su dimisión en vez de vanagloriarse de su confirmación. Sobre todo porque los profesionales que están condenados cometieron los ya delitos por algún motivo. Sobre todo porque las familias de las víctimas necesitan cerrar todo este proceso, con justicia política incluida.